El Gobierno porteño decidió
expropiar terrenos en el barrio de Pompeya
para concluir obras de extensión
de la línea H de subtes. Sin embargo,
hay descontento entre vecinos y comerciantes
de la zona porque denuncian una notable
diferencia de costos entre el mercado inmobiliario
y lo ofrecido por Ciudad.
En el Gobierno de la Ciudad hay un nuevo
conflicto en lo que al avance del subte
refiere. En este caso, la cuestión
corresponde a finalizar la extensión
la línea H de subte en el barrio
de Pompeya, el sur de la capital. Es necesario
confirmar la expropiar terrenos, pero hay
descontento en los propietarios.
Sobre este punto, varios vecinos de la zona
y comerciantes manifestaron su disconformidad
con respecto a las cifras que ofrece de
resarcimiento la administración Ciudad.
No colman sus expectativas, advierten. Es
así que denuncian que la iniciativa
gubernamental está muy por debajo
de lo que el mercado inmobiliario asigna,
calculándose que el valor ofrecido
por el Ejecutivo porteño es inferior
en un 40% del valor real de las propiedades
en cuestión.
En este sentido, vale repasar que la zona
a expropiar, donde hay tanto viviendas como
comercios de distinto tamaño, está
ubicada en la Avenida Sáenz (continuación
de avenida Boedo al sur) entre el 700 y
el 800. A lo largo de estas manzanas funcionan
en la actualidad centros comerciales de
la zona a cielo abierto; desde galerías
hasta negocios pequeños que son concurridos
con intensidad tanto los días de
semana como sábados y domingos.
Por su parte, los vecinos manifestaron a
la prensa que, aunque el tema se viene tratando
desde octubre del año pasado, varios
de ellos se enteraron de la iniciativa del
gobierno porteño a través
del periodismo. En otras palabras según
ellos no fueron anoticiados por las autoridades
de la Ciudad.
"Luego recibimos llamadas de SBASE
(Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado), diciendo que iban a expropiar
por una ley que se aprobó en octubre
y que nosotros deberíamos ir a una
reunión para explicarnos la situación",
expuso Angello Randazzo, un comerciante
de Pompeya, cuyas declaraciones son reproducidas
por Sección Política.
"En dicha cita iban a tasar las propiedades,
y que uno por uno nos iban a dar las cotizaciones
de las propiedades. Nos dijeron que no había
vuelta atrás porque era ley y se
tenía que cumplir, que no podíamos
sugerir ni cambiar el lugar de expropiación",
sumó.
"Lo cierto es que los vecinos fueron
recibiendo de a poco las tasaciones por
parte del Banco Ciudad, (...) las tasaciones
que nos entregaron eran vergonzosas porque
no llegaban al 40% del valor en ninguno
de las casos. Vino un tasador del banco,
fuimos a la reunión y allí
dieron los números", explicó
Randazzo.
El comerciante, para ejemplificar la situación
de propietarios de viviendas y comerciantes,
añadió: "Tengo tasaciones
de cuatro inmobiliarias distintas, que oscilan
entre los 350.000 y los 390.000 dólares.
Y me están ofreciendo 650.000 pesos,
que serían a valor actual unos 140.000.
Con ese monto, apenas puedo comprar un departamento
de dos ambientes en un barrio económico
de Buenos Aires".
La iniciativa que impulsa el Gobierno porteño
de expropiación es lícita,
según se informó, ya que está
amparada la Ley 238. De todas formas, los
vecinos y comerciantes piden un pago acorde
con el mercado inmobiliario en función
de poder adquirir un inmueble similar al
que poseen en la actualidad.
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